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España es un país “plenamente democrático”, la nuestra es una “democracia madura”, etc... Declaraciones como éstas las oímos todos los días provenientes de nuestra casta muy castiza de políticos profesionales (próximamente escribiré un artículo al respecto). Si nos atenemos a ellas, deberíamos entender que en nuestro sistema político está garantizada la separación e independencia de los tres poderes del Estado, lo que, como sabemos, significa que el que redacta las leyes no es el mismo que el que las ejecuta y, a su vez, ninguno de éstos es el encargado de impartir justicia de acuerdo a esas leyes. Hasta aquí llega la teoría, que en algunos países civilizados incluso se llega a aplicar pero, amigo, Spain is different. En España, la teoría parece que la tenemos clara: tenemos las instituciones y los órganos necesarios y todos ellos con nombres muy rimbombantes. Luego, lo que nos pasa es que la práctica no la llevamos muy bien. Para ilustrarlo tomemos como ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, órgano que, además de encargarse del gobierno de los jueces, tiene como función, entre otras, la de elaborar informes sobre los proyectos de ley del Gobierno; por ahora, aprobado en la parte teórica, separación de poderes. En la parte práctica, ¡ay!, Gobierno y Oposición, ambos con un “profundo sentido democrático”, se pegan durante meses o incluso años por la composición de este órgano fundamental, repartiéndose sus puestos, al son de primero  yo, luego yo y luego tú un ratito y con eso se entretienen una temporada. Lo de que sea el propio Poder Judicial el que elija a sus miembros parece que aún no lo hemos entendido, pero cuando los representantes del pueblo democráticamente elegidos  finalmente se ponen medio de acuerdo nos dicen que “las instituciones han funcionado”, que “ha vuelto a quedar demostrada la salud de nuestro sistema judicial”, también lo de la “madurez democrática” y lo de "la independencia del poder judicial" y, en fin, la retahíla acostumbrada, frases que para ellos significan “qué alivio que nos hemos quitado de encima a los pesados de los jueces y ya hemos puesto a los nuestros”. En resumen, que nos vuelven a tomar por tontos, que ya no cuela y que un cero en independencia. En éstas estamos y en éstas que aparece un partido político nuevo y pequeño llamado Unión, Progreso y Democracia (UPyD), capitaneado por Rosa Díez y Fernando Savater, que se permite el lujo de darle una buena lección de democracia al establishment político actual: resulta que han incorporado como punto estrella de su programa electoral la remodelación del CGPJ para que la elección de sus miembros no dependa del gobierno de turno. ¡¡Ooohh, maravilla!!, parece que en España brilla un rayito de civilización, tal vez Spain is less different. Inexplicablemente, esta noticia no ha tenido, que yo sepa, una gran difusión y, más inexplicable aún, ni al PSOE ni al PP se les ha caído la cara de vergüenza porque tenga que venir Rosa a darles un repaso de las nociones más básicas de democracia. Claro que a un partido de izquierdas, que por definición es o intervencionista o muy intervencionista, no se le pueden pedir grandes progresos en esta dirección; pero a un partido que se define como liberal (me entra un poco la risilla floja cada vez que les oigo decir eso) no se le puede perdonar que no tomara esa medida cuando tuvo la oportunidad y que ahora siga comportándose como si esto no fuera con él. ¡Qué pena!, ya me estaba imaginando que el nuestro sería un país, como por ejemplo los denostados EEUU, donde los jueces o, incluso, los propios compañeros de partido le tumban al Presidente una ley que éste se empeña en sacar adelante. Pero algo me dice que los sueños, sueños son. ¿Por qué será?. Amigo, Spain is still different.